Desesperado pedido personal del socio de Cristóbal López a la jefa de la AFIP

Fabián De Sousa se reunió dos veces cara a cara con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Busca acelerar la definición del organismo para volver a cumplir requisitos básicos que le permitan facturar. Fuente: Archivo

La llegada de
Alberto Fernández a la Casa Rosada no sólo cambió las prioridades, como dice el eslogan político del
Frente de Todos. También modificó el acceso a los funcionarios públicos de empresarios que en el macrismo fueron
investigados. Quizás uno de los mejores ejemplos es el de
Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López, con quien comparte, entre otras cosas, la propiedad del canal de cable C5N. No es el único punto en común: ambos estuvieron casi dos años
presos en el penal de Ezeiza por diversas causas, entre las que se destacan la que investiga la posible defraudación al Estado por impuestos impagos de la
petrolera Oil Combustibles y el intento de vender algunos de sus activos.

De Sousa y López fueron liberados el 8 de octubre pasado, cuando el clima político había cambiado tras el triunfo de Fernández en las PASO y días antes de la victoria del 27 de octubre, que lo condujo a la Presidencia. Su objetivo declarado es recuperar el control de sus empresas, en particular Oil Combustibles, aunque hay una meta anterior, menos vistosa, pero quizás más crucial: volver a existir para el fisco argentino, según reprodujo el socio de López en conversaciones privadas que reconstruyó
LA NACION.
Para eso, De Sousa tocó la puerta más importante. El jueves 26 de diciembre del año pasado se reunió cara a cara con la titular de la
AFIP,
Mercedes Marcó del Pont. Fue la primera reunión oficial de la administradora con un empresario, según figura en registros oficiales. Del encuentro también participó Nicolás Cintora, abogado de De Sousa.

Cristóbal López y Fabián De Sousa aun son dueños de C5N. La gestión diaria del canal está en manos de Carlos Infante. Crédito: Crónica

Se trató de una situación infrecuente para Marcó del Pont. Después de todo, la titular de la AFIP recibió a un acusado penal por la propia AFIP, algo que en sí mismo puede despertar controversias.

LA NACION consultó al organismo. Sostuvo que el trato que se le dio a De Sousa fue el mismo que reciben todos los contribuyentes con temas por resolver. Otras fuentes privadas al tanto del contenido del encuentro dejaron trascender algo similar.

En paralelo, De Sousa y su abogado se encontraron con Juan Capello, mano derecha de Marcó del Pont y a cargo de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional del organismo de la AFIP. Otros escritos que el socio de Cristóbal López presentó ante la Justicia para pedir la suspensión del trámite del proyecto de distribución traslucen su impaciencia con relación a los tiempos de la AFIP (ver facsímil).

Los abogados de De Sousa presentaron documentos a la Justicia donde acreditan sus trámites con la AFIP y denotan molestia por las idas y vueltas en el organismo.

Pedido desconsolado
De Sousa le presentó a Marcó del Pont un argumento que reproduce desde que quedó en libertad. Le dijo que nunca había vendido un litro de nafta en negro, insistió con la necesidad de regularizar su situación con el organismo recaudador para volver a tener la posibilidad de facturar y así, trabajar. «Soy un paria fiscal», sostuvo De Sousa. Una de las personas que participó del encuentro confirmó que el empresario sostuvo un tono desesperado en casi toda la charla.

La reunión había sido la respuesta de la AFIP a un pedido formal de audiencia que había planteado De Sousa el 16 de diciembre pasado. Su fluida exposición no le trajo el regalo de Navidad que esperaba. Marcó del Pont escuchó con atención, pero no le dio definiciones en ese momento. Sí, en cambio, le pidió tiempo para analizar el tema.
«No tenemos una posición tomada», le aclaró varias veces la titular del organismo.

Copia de la carta que Fabián De Sousa le mandó a la titular de la AFIP el 16 de diciembre pasado. Diez días después, tuvo su primer encuentro con ella.

La ansiedad del socio de Cristóbal López fue más fuerte que el pedido original de paciencia que le había hecho Marcó del Pont en el primer encuentro. De Sousa volvió a la carga con otro pedido formal de audiencia y se reunió por segunda vez en dos meses con la jefa de la AFIP.
La reunión ocurrió el jueves 13 de febrero a las 11 en el despacho de la expresidenta del Banco Central, según marca el registro público de audiencias.
Hubo menos participantes, pero más temas de discusión. Solo estuvieron Marcó del Pont y De Sousa, cara a cara. Otra vez, la jefa de la AFIP le dijo al socio de López que estaba abocada a otras cuestiones, como la moratoria para Pymes. Y le propuso regularizar su situación a través de algunos planes orientados a pequeñas y medianas empresas. De Sousa lo rechazó de plano: la facturación de su grupo no cuadra con los límites establecidos para compañías de ese tamaño.
En el último encuentro, sin embargo, se sumaron temas a la conversación. Entre ellos, el futuro de Oil Combustibles, la petrolera que está quebrada y cuyos activos se vendieron a YPF.
López y De Sousa son investigados por presunta evasión. El 31 de enero pasado, los abogados de Oil presentaron ante la AFIP el denominado avenimiento, un procedimiento que le permitiría a la empresa cancelar la deuda y levantar la quiebra, siempre que tenga el visto bueno de la AFIP.
El socio de López suele sostener que se le imputó una defraudación al Estado por
pagar sus obligaciones «en cuotas» y que Oil adhirió a regímenes de pago que estaban a disposición de todos los contribuyentes en un contexto de condiciones económicas adversas.
De Sousa es contador. Un poco por eso y otro tanto por su intención de bañarse en institucionalidad para la etapa posterior a la prisión está dedicado a la preparación de sus declaraciones juradas, que dejó de hacer desde que fue detenido, el 19 de diciembre de 2017. También allí se encuentra con un escollo: si las presentara, no las podría pagar porque no tiene una cuenta bancaria habilitada. Fue otro de los temas de conversación con Marcó del Pont.

López y De Sousa son socios desde hace años, pero dieron el gran salto con Oil Combustibles, que se hizo sobre la base de activos que les habían comprado a Petrobras.

Alberto Fernández, asesor estrella
Las carpetas de Oil Combustibles, De Sousa y el propio Cristóbal López son algunas de las más delicadas con las que tendrá que tratar Marcó del Pont. No sólo porque el caso adquirió la magnitud de escándalo en el gobierno de Mauricio Macri, sino también debido a que los empresarios patagónicos tienen una larga relación con el kirchnerismo y con
el propio presidente Alberto Fernández.
El primer capítulo de esa saga se escribió con el propio Néstor Kirchner. En 1998, cuando Almería Austral, una empresa de servicios petroleros de López, atravesaba una situación complicada, el ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz,
Julio De Vido, le consiguió una charla con el gobernador Kirchner. De allí provino un contrato providencial con la petrolera de la familia Perez Companc.
Mucho más adelante en el tiempo, un confuso episodio vinculó a Alberto Fernández con Oil Combustibles, según reveló Clarín. Los coadministradores puestos por Javier Cosentino, el juez del concurso, encontraron facturas del exjefe de Gabinete a nombre de la petrolera. Fernández sostuvo que fueron emitidas por error y que nunca cobró dinero, aunque admitió que estaba asesorando al Grupo Indalo a pedido de los trabajadores y sus gerentes, ya en la gestión de Macri. Mientras hacía ese trabajo conoció a Julián Leunda, hombre de Indalo, oriundo de Comodoro Rivadavia, al igual que López y De Sousa. El exejecutivo ahora forma parte del Gobierno. De Sousa mantienen el vínculo con Cristina Kirchner y Fernández. Fuentes cercanas al socio de López reconocieron que le envió un mensaje al Presidente en la noche del triunfo electoral, y tuvo un breve contacto con la vicepresidenta cuando salió de prisión.

Cristóbal López, el día que quedó en libertad. Dijo que su principal objetivo era recuperar el control de sus empresas. Fuente: LA NACION – Crédito: Fabián Marelli

López, en tanto, reapareció en la Casa Rosada el 10 de diciembre pasado, en la jura de ministros. Lo acompañó
Aníbal Fernández, otro kirchnerista de largo arraigo que en la gestión actual recaló en la conducción de YCRT, la empresa que explota la mina de carbón ubicada en Río Turbio (Santa Cruz).
Los argumentos de López y De Sousa se pueden resumir en tres puntos. Sostienen que «existió una acción premeditada y planificada con la finalidad de aniquilar el patrimonio y el honor» de ambos, algo que se «valió de acciones contrarias a la ley» y «a una acción psicológica y de presión sobre los jueces».

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