Preocupación en el sector de servicios por la modificación de la ley de economía del conocimiento

La eliminación de la estabilidad fiscal, uno de los posibles cambios que más preocupan a los representantes de los prestadores de servicios basados en el conocimiento

Los representantes del sector de prestadores de
servicios basados en el conocimiento, agrupados en la entidad Argencon, expresaron hoy su preocupación por la modificación de la
Ley de Economía del Conocimiento que el
Gobierno envió al
Congreso el miércoles pasado.

Se trata de una
modificación sobre una norma que originalmente nació en
2004 como
Ley de Software y que el gobierno de Mauricio Macri renovó el año pasado con el nombre de
Ley de Economía del Conocimiento. Regula los beneficios para el
sector tecnológico y de
exportación de servicios para pequeñas firmas y grandes empresas como Mercado Libre, Globant y Accenture, entre otras.
En diálogo con
LA NACION, Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, la asociación que agrupa a los prestadores de
servicios basados en el conocimiento, delineó los puntos de la modificación de la normativa que más preocupan al sector. En primer lugar, explicó que el Gobierno había advertido que habría cambios, pero que serían instrumentales y que «preservarían el corazón de la norma».
Para la entidad, la reducción de dos beneficios y el cambio en otros dos ataca directamente el esquema anterior.

Uno de los beneficios que desaparecería con la modificación es la
estabilidad fiscal [se garantizaba una duración de 10 años]. «Es un esquema que viene de la Ley de Software y que se continuaría, pero que ahora se quita. En cambio, ahora se establece la
estabilidad de los beneficios, pero quedan supeditados al cupo fiscal, por lo que no se podrá tener la tranquilidad para los negocios que no habrá un agravamiento de la carga impositiva», explicó Galeazzi.

El proyecto de modificación fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas; mantiene los esquemas de estímulo fiscal y reducción impositiva incluidos en la normativa que había aprobado el Congreso en 2019 Fuente: Télam

Además, en el caso de los servicios exportados, la propuesta del Gobierno elimina la posibilidad de utilizar la retención de
Ganancias (en un país donde no haya acuerdo de eliminación de la doble tributación) como pago a cuenta del mismo impuesto en la Argentina.

Por otro lado, detalló, el primero de los beneficios «mermados» es el
bono de crédito fiscal sobre los aportes patronales. Se limita solo a las personas que están «comprendidas en la actividad promovida».
Lo «riesgoso», dice el ejecutivo, es que no se sabe qué perfiles se contarán como parte de la actividad. Por ejemplo, un empleado comercial que trabaje en una compañía de software, bajo este criterio, podría no estar enmarcado en el beneficio.

Además, el beneficio de reducción de la alícuota del
impuesto a las ganancias se aplicaría solamente sobre los ingresos
vinculados a la actividad de la compañía. En ese caso, la preocupación es que si la firma tiene, por ejemplo, un edificio que alquila y percibe renta, no correría la «rebaja». «Esto crearía un
problema de auditoría, porque hay límites difusos y se ingresa en un territorio muy laberíntico», apuntó Galeazzi.
Luego, el director ejecutivo de Argencon se refirió a la posibilidad que habilitará la modificación de que la condición de los nuevos empleados que se tomen sea revisada «bajo el criterio que diga la autoridad de aplicación».
A su juicio, es un ítem que aumenta la discrecionalidad.

Luis Galeazzi, de Argencon Fuente: LA NACION – Crédito: Fabián Malavolta

Por otro lado, con este cambio se crearía un
comité consultivo que decidirá -excepto por las empresas de software- si una compañía que se dedique a otra de las actividades del sector de la economía del conocimiento puede o no acogerse a los beneficios de la ley. «Será un grupo formado por funcionarios de organismos públicos que trabajarán
ad honorem.
Se crean condiciones de subjetividad», opinó.

Para terminar, Galeazzi detalló que se excluiría del régimen a los servicios profesionales para el «autodesarrollo», es decir, los servicios que las compañías exportan a sus casas matrices desde la Argentina (no los que exportan para terceros). Compañías como JP Morgan o Chevron tienen hubs de
global delivery centers, con profesionales que desde el país trabajan para otras filiales de las organizaciones.
Hasta 2019,
este tipo de actividad no estaba enmarcada en la ley, pero la renovación que propuso el gobierno de Mauricio Macri sí las tenía en cuenta. Esta nueva modificación daría marcha atrás con la decisión.
«Se supone que esto iba a ser un incentivo para la inversión y que la Argentina lo permitiría para competir contra otros países del mundo que están tratando de atraer negocios de economía del conocimiento.
El sector exporta US$6000 millones desde 2012 y ahora no nos está yendo bien, mientras que en otros países crece a un ritmo del 8% anual», concluyó Galeazzi.

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