Bomba molotov, defensa de la democracia y cacerolazo: Qué pasó en la maratónica jornada que (otra vez) estremeció a Argentina

Argentina padeció el miércoles una jornada a pura tensión que comenzó con el estallido de una bomba molotov en la residencia oficial del presidente Alberto Fernández y culminó con un cacerolazo en su contra en Buenos Aires.

En el medio, policías armados rodearon la casa presidencial, lo que provocó una oleada de indignación, preocupación y muestras de apoyo al sistema democrático, incluso por parte de algunos opositores.

La reacción de Fernández a la protesta policial fue un inesperado recorte de fondos a la ciudad de Buenos Aires, con lo que pagará los incrementos salariales que reclaman los agentes. Pero esta decisión, a su vez, generó un enfrentamiento con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y una movilización de capitalinos, que por la noche hicieron sonar sus ollas y sartenes en señal de repudio.

El panorama por ahora es impredecible. Lo único seguro es que los próximos días no serán fáciles para un presidente peronista que, a nueve meses de asumir y con la pandemia de coronavirus aun en curso, enfrenta una grave crisis política.

La Bonaerense

Los argentinos se despertaron con la noticia de que, al amanecer, un hombre había arrojado una bomba molotov en la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente ubicada en las afueras de la capital.

El atacante fue detenido. Aseguró que no pertenecía a ningún partido político. Y no hubo daños ni heridos. Pero fue apenas el preámbulo del enrarecimiento del clima social que se iba a intensificar a lo largo del día.

La preocupación era latente desde que el lunes estalló una protesta de la Policía de la provincia de Buenos Aires, mejor conocida como la Bonaerense, un cuerpo de seguridad que arrastra décadas de desprestigio, desconfianza social y denuncias por corrupción y persistente violencia institucional. Uno de los últimos casos en los que ha estado envuelta es en la desaparición y muerte del joven Facundo Castro.

En la madrugada del martes el conflicto escaló y se fueron sumando cada vez más policías, sin jefes visibles, que reclamaban aumentos salariales de entre el 56 % y el 64 %, mayores prestaciones sociales, provisiones de uniformes y equipos. Lograron que, por la mañana, el gobierno provincial, encabezado por el peronista Axel Kicillof, prometiera incrementos que anunciaría este fin de semana.

Pero los policías se negaron a terminar su protesta y confirmaron un pliego petitorio de 14 puntos que incluían la exigencia de que no hubiera represalias en su contra, que se democratizara a las fuerzas de Seguridad y se les permitiera su derecho a la sindicalización.

La amenaza de suicidio

El miércoles, luego de que se confirmara el estallido de una bomba molotov en la casa presidencial, Aldo Oscar Pagano, uno de los policías que participaba en las protestas, se subió a una torre de energía y amenazó con suicidarse. El vilo duró más de dos horas. Después de llorar y amagar una y otra vez con tirarse, aceptó ser rescatado.

En lugar de ser controlada, la movilización policial fue creciendo hasta replicarse a decenas de localidades de la provincia, lo que puso en jaque al ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien es cuestionado desde que comenzó a ocupar el cargo por su discurso más parecido al de su antecesora, la macrista Patricia Bullrich, y por su afinidad para armar «shows» durante los operativos y promoverse personalmente en los medios de comunicación.

Una de las principales críticas fue que Berni había subestimado el alcance que podía tener la protesta de la Bonaerense. Su permanencia como ministro ahora pende de un hilo, ya que incluso desde sectores peronistas hace rato le piden al gobernador Kicillof que lo expulse del gabinete.

La prensa opositora hizo su parte. Con tal de defenestrar al presidente y al gobernador, apoyó a los policías y reivindicó sus demandas. Algunos periodistas incluso los equipararon con las protestas sociales que son cotidianas en el país. La diferencia es que las fuerzas de Seguridad portan uniformes y armas y nunca son desalojadas ni reprimidas.

A pesar de que insistían en que el reclamo era solamente salarial, al ser entrevistados los policías demostraban motivaciones políticas.

Unos reconocieron sus simpatías por el expresidente Mauricio Macri y otros afirmaron que también se manifestaban en contra de la «liberación» de Lázaro Báez, un empresario vinculado con los pasados gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien el pasado lunes obtuvo prisión domiciliaria, aunque las protestas de vecinos finalmente lograron que lo regresaran a la cárcel.

Algunos más se solidarizaron con Luis Chocobar, un policía que está procesado por haber asesinado a un ladrón. Chocobar fue recibido y apoyado por Macri, pero la Corte Suprema de Justicia decidió que debe enfrentar un juicio oral por el delito de «homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber».

Llegan las patrullas

La tensión llegó al extremo cuando, de manera sorpresiva, cientos de policías comenzaron a llegar al mediodía a la Quinta de Olivos haciendo sonar las sirenas de sus patrulleros.

Era una manifestación inédita que representaba un desafío directo al gobierno nacional. Y a la democracia. Las imágenes de los policías armados que rodearon la residencia oficial encendieron de inmediato las alarmas en las redes sociales, en donde la sorpresa y el estupor se mezclaron con una sucesión de interminables condenas a la movilización.

«Nunca más es nunca más», replicaron miles de usuarios para recordar el pacto democrático consensuado en la sociedad argentina después de la última dictadura militar que gobernó de 1976 a 1983, y que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos.

De inmediato se recordaron las advertencias que, apenas la semana pasada, hizo el expresidente Eduardo Duhalde sobre un golpe de Estado que se preparaba en Argentina. «Fue un brote sicótico», se justificó después para desestimar sus propios vaticinios.

La gravedad institucional estaba a la vista. El presidente mandó a funcionarios a la entrada de la Quinta para que invitaran a pasar a una comisión de policías. Pero los agentes se negaron. Desobedecieron así a las máximas autoridades civiles. Estaban cometiendo el delito de sedición, como lo explicó el propio canciller Felipe Solá.

El apoyo de la oposición a la democracia fue cayendo a cuenta gotas.

Uno de los primeros fue Fernando Iglesias, un diputado macrista conocido por su violencia verbal. «A favor de las legítimas reivindicaciones de la Policía Bonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos. No es el lugar», escribió. Demostró que incluso él tiene límites.

Luego vinieron las críticas a la movilización policial por parte de otros opositores como el senador Federico Pinedo, el diputado Mario Negri y el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. «Inadmisible», fue la palabra más repetida.

Macri, quien en los últimos meses alentó las marchas contra el gobierno para repudiar su estrategia por la pandemia, eligió el silencio. Tampoco apareció la líder de su partido, Patricia Bullrich, ni su aliada Elisa Carrió, ni el excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, ni la exgobernadora María Eugenia Vidal. 

La inquietud por la intimidación de fuerzas de Seguridad en la residencia presidencial implicó una paradoja, ya que, sin pandemia de por medio, miles de personas hubieran colmado la Plaza de Mayo porque en Argentina hay una sólida base de resguardo de la democracia. Pero gran parte de ese sector social prefiere seguir cumpliendo las medidas de prevención para evitar una mayor propagación del coronavirus. La frustración por no poder salir a marchar, por no tomar la calles como hacen desde hace décadas, se replicó en las redes sociales.

La sorpresa

Por la tarde, mientras los policías mantenían rodeada la Quinta de Olivos, el presidente mandó de nuevo a funcionarios para que invitaran a pasar a una comisión. Por segunda vez, lo rechazaron. Exigían que Fernández saliera, lo que rompía toda proporción institucional.

Sin líderes visibles, la protesta se desorganizaba y perdía respaldo, salvo de los sectores de la oposición más radicalizados.

Entonces desde presidencia se confirmó que Fernández daría un mensaje por cadena nacional. La expectativa creció minuto a minuto con la llegada de intendentes oficialistas y opositores a la residencia oficial. Entre tanto, Fernández desalentaba a través de Twitter una marcha en su apoyo convocada por organizaciones sociales frente a la Quinta de Olivos.

Ya anochecía cuando el presidente apareció ante las cámaras para pedirles a los policías que depusieran su actitud, más allá de que sus demandas salariales tuvieran legitimidad, y que respetaran las reglas de la democracia.

«La institucionalidad nunca estuvo en peligro», subrayó para desestimar una amenaza real en contra de su gobierno, aunque sí reconoció que la sociedad había transitado la jornada «con mucha intranquilidad».

La sorpresa vino cuando anunció que, para resolver los reclamos de aumento de sueldos de la Bonaerense, recortará por decreto un punto de la coparticipación de impuestos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que le quitará fondos a la capital para dárselos a  la provincia. El monto es de, por lo menos, 30.000 millones de pesos anuales (alrededor de 400 millones de dólares).

El tenor del debate público cambió por completo al anticiparse la pelea política que se recrudecerá entre el presidente y el jefe de Gobierno, y con él, la alianza macrista Juntos por el Cambio. Esta batalla recién comienza.

La respuesta fue inmediata. Después del mensaje presidencial, vecinos de la capital salieron en diferentes barrios armados con sus ollas, sartenes y cucharas para criticar a Fernández y repudiar un recorte presupuestal que calificaron como injusto.  

No fue el primer «cacerolazo» contra este gobierno. Y tampoco será el último.

Cecilia González

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